Autor(es) Jose Carlos Laguna De Paz , ISBN:9788413460345.
Editorial Civitas

1740 páginas, 3ª edición, En distribución desde enero 2021, INDICE

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Más sobre Dº Administrativo

El “Derecho Administrativo Económico” que tiene el lector en sus manos ofrece los fundamentos, principios y técnicas jurídicas de intervención de los poderes públicos en la economía. La economía de mercado ha devenido una realidad universal, con pocas excepciones. La razón está en que es el marco en el que se desarrollan las libertades económicas, que –a su vez– crean las condiciones para el despliegue de los restantes derechos y libertades públicas. Es también una apreciación compartida que, con ello, se consiguen mayores niveles de prosperidad.
Con todo, la libertad económica es el resultado de un largo proceso histórico. El poder siempre ha tendido a configurar privilegios a favor de personas, estamentos o territorios. Los imperios antiguos, modernos y contemporáneos trataron de trasladar su dominio político y militar al ámbito comercial. El desarrollo de la actividad económica en la Edad Media tuvo que superar la limitaciones propias de una sociedad rural y feudal. La Edad Moderna siguió siendo una sociedad estamental, en creciente contradicción con una pujante burguesía. En este sentido, las revoluciones –americana y francesa– se explican también por el deseo de una mayor libertad económica. Mucho más recientemente, la caída del muro de Berlín ha eliminado los regímenes comunistas, que negaban la libertad política y económica. En la actualidad, pocos discuten las ventajas del mercado y del comercio internacional. El reto es su regulación, que asegure su adecuado funcionamiento, corrija sus excesos y supla sus fallos.
Con el cambio de siglo, se avivó la perenne discusión acerca de qué debe mantenerse y qué debe ser innovado en el Derecho Administrativo1). En este contexto, en los últimos años, han proliferado los estudios pluridisciplinares de “regulación económica”, con pretensiones de ofrecer una explicación completa de la intervención pública en este ámbito2). La realidad es que la regulación económica no es una disciplina con autonomía científica, ya que no se basa en un sistema de principios o en una metodología propia. Esto no significa que la intervención pública económica no deba ser estudiada desde distintas perspectivas. En la regulación económica confluyen aspectos jurídicos, económicos, políticos y sociales. Las perspectivas que aportan los estudiosos de las distintas ciencias facilitan la comprensión del objeto estudiado3). El propio jurista ha de tomar en cuenta las enseñanzas de las otras ciencias, si aspira a no reducir su labor a un puro análisis jurídico-formal. En particular, hay que reconocer una estrecha relación entre el Derecho y la Economía (law-and-economics). No obstante, cada especialista debe acercarse a este fenómeno desde su propia metodología, construyendo en los únicos ámbitos en los que puede ejercer autoridad.
La regulación tampoco da lugar a especialidad alguna dentro del Derecho Administrativo. No es original en su propósito, ni en sus principios, ni en sus técnicas jurídicas. Esto no significa que su estudio no requiera una particular dedicación. La complejidad de sus normas y las urgencias del legislador, permanentemente, reclaman la búsqueda del criterio que ampare sus soluciones coyunturales. De ahí la importancia de abordar la regulación económica desde sus fundamentos y principios, que –insistimos– son los del Derecho Administrativo.
La segunda advertencia es que el presente “Derecho Administrativo Económico” parte del ordenamiento jurídico español y europeo. El Derecho está inevitablemente ligado a un ordenamiento jurídico. No obstante, en lo posible, trata de ofrecer criterios de validez general. De ahí el permanente diálogo con las distintas tradiciones jurídicas. La regulación económica se construye sobre un sistema de principios y valores orientados al común ideal de justicia. La experiencia internacional ofrece valiosas lecciones que deben ser aprovechadas. Además, la globalización económica tiende a trasladar al mundo del Derecho el liderazgo que ejercen determinados países, organizaciones o tradiciones jurídicas. Es una lluvia fina, que todos los días va empapando las normas e instituciones locales. En su conjunto, es ésta una tendencia enriquecedora, que permite mejorar los respectivos ordenamientos y poner el Derecho al servicio de una sociedad cada vez más universal.