Autor(es) Jose Hurtado Cobles , ISBN:9788445428245.
Centro de Estudios Financieros

1ª edición, En distribución desde junio 2014, INDICE

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Si existe en el ordenamiento normativo español una relación jurídica peculiar, esta es sin duda la del personal de alta dirección. Calificada por el Estatuto de los Trabajadores como de laboral pero en realidad más cercana al ordenamiento civil, el personal directivo y, concretamente, el de alta dirección, viene existiendo en España desde finales del siglo XIX, aunque no haya encontrado un acomodo legal propio sino hasta la publicación del Real Decreto núm. 1.382 de 1 de agosto de 1985.

Si bien su trascendencia y su repercusión en el tejido empresarial de la mediana y gran empresa aconsejaría un análisis detenido de todo su contenido, el hecho de que la principal fuente de polémica en torno a la misma haya sido tradicionalmente la regulación concerniente a la extinción del contrato de alta dirección ha motivado que la presente obra centre su atención en estudiar ese momento último de la relación.

Y es que, como se refleja en todos los repertorios de jurisprudencia, el tema litigioso que con mayor frecuencia se plantea ante los tribunales y que ha suscitado más dudas, tanto para la jurisprudencia como para la doctrina, ha venido siempre referido al momento en que, por un motivo u otro, se extingue el contrato del alto directivo.

De ahí que, con un enfoque eminentemente práctico y gracias, por un lado, a un exhaustivo análisis de la práctica totalidad de las resoluciones judiciales dictadas sobre la materia hasta la fecha y, por otro, a un riguroso acopio de la más ilustrada doctrina –a la que se ha añadido la experiencia personal del autor durante más de diez años–, con la presente obra se profundiza en el análisis de su régimen extintivo, haciendo especial hincapié en sus consecuencias jurídicas, sobre todo en materia de indemnización y referencias básicas para su cálculo, así como en aquellas cláusulas contractuales con especial incidencia como son las cláusulas de blindaje y las de no concurrencia poscontractual.