Autor(es) García Gómez de Mercado, Francisco , ISBN:9788498366945.
Editorial Comares
Con casos prácticos y formularios
392 páginas, 2ª edición, En distribución desde junio 2010, INDICE

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Más sobre Especial Formularios  Dº Administrativo

Como fruto de nuestra experiencia profesional, docente y doctrinal, hemos preparado una serie de publicaciones de Derecho Administrativo Práctico junto con otros profesionales, con los que hemos tenido el privilegio de trabajar, especialistas en los distintos campos del Derecho administrativo que reúnen un conocimiento profundo de esta rama jurídica con una práctica intensa en su ejercicio profesional, ya sean Abogados en ejercicio, Abogados del Estado, Letrados de las Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y otros órganos y organismos públicos, Técnicos de la Administración, o Jueces y Magistrados de lo Contencioso-Administrativo, pues todas las perspectivas son enriquecedoras.
Esta colección pretende ser una herramienta útil para el ejercicio de la abogacía en el campo del Derecho Público, un área del Derecho que, en contra de lo que pudiera pensarse desde fuera, no está reservada a unos pocos especialistas, sino que comprende una amplia práctica a muy diferentes niveles, con algunos que quizá se reduzcan a un cierto número de asuntos de gran cuantía pero con otros de carácter masivo.
No es éste un Derecho que afecte exclusivamente a una clase de personas o entidades: todos los ciudadanos y empresas nos relacionamos de un modo u otro con las Administraciones Públicas. Sea por el ejercicio de potestades sancionadoras de diversos tipos, licencias y autorizaciones relativas a las más variadas actividades, la contratación o subcontratación con la Administración, la percepción de subvenciones o el sometimiento a múltiples procedimientos administrativos, existe un campo amplísimo de asuntos, tanto por número como por extensión, en que es necesario el asesoramiento jurídico y la defensa en juicio que nuestro ordenamiento confía a los Abogados. De hecho, lo contencioso-administrativo representa, desde hace años, el mayor volumen de asuntos en el Tribunal Supremo.
La colección Derecho Administrativo Práctico pretende ser un instrumento útil para distintos estudiosos y prácticos del Derecho, con diferentes conocimientos e intereses. Ello incluye al Técnico de la Administración que ha de aplicar la legislación vigente en los diferentes ámbitos de la misma, al Letrado de la Administración que debe asesorar sobre la conformidad a Derecho del actuar administrativo en esta materia y defender los intereses cuya postulación tiene atribuida ante los tribunales, al abogado del administrado, y también a jueces y magistrados que han de otorgar una efectiva tutela en aquellos asuntos litigiosos relativos a la Administración que se susciten oportunamente ante ellos.
En particular, aparte de los jueces y magistrados, a quienes se presume el conocimiento del Derecho, conforme a la máxima iura novit curia, y a quienes prestan sus servicios a la Administración y tienen una práctica diaria, a veces masiva, del Derecho administrativo (además, en todos estos casos, de la preparación comprobada a través de los correspondientes procedimientos de selección), esta colección está pensada, en gran medida, en la perspectiva del Letrado de empresa, sea interno y trabaje en su asesoría jurídica, o externo y preste sus servicios desde un despacho de abogados, Letrado que, en general, se encuentra ocupado con problemáticas jurídicas de diversa índole y que afronta los temas relativos al Derecho administrativo en general en inmersiones esporádicas.
El plan de la colección es teórico-práctico. No pretende constituir unos comentarios doctrinales ni unos simples formularios. Tampoco tiene pretensiones exhaustivas en cada una de las materias que trata, ya que, la urgencia, acumulación y variedad de los asuntos a considerar muchas veces hace poco práctico un estudio exhaustivo en el que, a pesar del material ofrecido, pueda ser difícil encontrar soluciones a los problemas inmediatos. De este modo, su objetivo es aportar unos breves comentarios que expongan las bases de la materia (pues no hay nada más práctico que una buena teoría) y los principales problemas o cuestiones que la práctica jurídico-administrativa plantea en cada uno de los temas tratados, desde el conocimiento y la experiencia; aportando ejemplos prácticos de alegaciones y documentos emitidos con ocasión de expedientes administrativos (en los que toda similitud con situaciones reales y personas concretas es pura coincidencia) así como el planteamiento de casos prácticos o cuestiones en relación con los supuestos de hecho que resultan de la documentación contenida en la obra.
Así, cada capítulo contiene, en primer lugar, una exposición con vertiente práctica (esto es, una exposición de los problemas o actuaciones más importantes que se plantean en la práctica y su solución o soluciones legales) y, asimismo, casos prácticos, modelos y/o formularios. Por supuesto, la extensión de cada elemento (exposición, modelos, casos) dentro de cada capítulo depende del tema a tratar, puesto que es evidente que hay temas en que interesa más conocer de la mano de los especialistas una cosa que otra.
En el primer libro de la colección hemos tratado la «Revisión de la actividad de la Administración», con estudio de los procedimientos de revisión y recursos administrativos y contencioso-administrativos, garantía fundamental de los interesados en las actuaciones de la Administración y sus organismos y entidades.
El segundo, de carácter sectorial, aborda el importante ámbito del «Urbanismo», examinando el régimen jurídico de la propiedad ante el urbanismo, la planificación y gestión urbanística, las licencias y la disciplina urbanística, así como la expropiación forzosa.
En la presente obra, ya en su segunda edición (adaptada a la Ley 25/2009, llamada Ley Ómnibus, de adaptación de diversas leyes a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios), tratamos de analizar los «Procedimientos administrativos comunes», esto es, los regulados por la ley administrativa básica, cual es la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, ley conocida por su número 30/92, simplemente «ley treinta» (denominación suficiente para los habituales del Derecho Administrativa pero oscura para los demás, aparte de equívoca), ley de régimen jurídico (como si no lo fueran casi todas las leyes) o diversas siglas, tales como LRJAP, LRJ-PAC, LPAC, LPA (como aquella de 1958, ilustre precedente de la actual) o, la que nosotros preferimos: LAP, esto es, la Ley de las Administraciones Públicas por antonomasia, de su régimen jurídico y, por lo que aquí interesa especialmente, el procedimiento común, o procedimientos comunes.
Así, tras una introducción, sobre el procedimiento administrativo, su regulación y principios, trataremos la iniciación y ordenación del procedimiento administrativo, título en el que cabe encuadrar no sólo lo que la LAP rubrica de este modo sino también cuestiones conexas como los órganos administrativos y sus competencias, los interesados, la lengua de los procedimientos, los registros administrativos y los medios técnicos y copias.
A continuación, se aborda la instrucción del procedimiento. Una vez más, no se trata únicamente de lo que la ley treinta así denomina. También la abstención y recusación, los derechos de los ciudadanos, el acceso a los archivos, la colaboración y la comparecencia de los ciudadanos.
Con la terminación del procedimiento, podemos apuntar también la conclusión del mismo mediante convenio, la obligación de resolver y el régimen del silencio, la producción y contenido de los actos administrativos, su motivación y forma, y, finalmente, la notificación o publicación de los mismos.
Posteriormente, procede estudiar la eficacia de los actos y, a tal efecto, los procedimientos de ejecución. Sin ejecución, el acto sería una mera declaración de intenciones. Por eso, es absolutamente necesario conocer cómo se ejecutan los actos de la Administración
Pasamos ya a los procedimientos especiales. No entramos en el de elaboración de disposiciones reglamentarias que no viene regulado en la LAP sino en la Ley de Gobierno, pero sí en las reclamaciones en vía administrativa previas a las vías judiciales distintas de la contencioso-administrativa (civil y social), el procedimiento sancionador y la responsabilidad patrimonial de la Administración.
Finalmente y, en cierta medida como epílogo de la obra y conexión con la obra anterior, sobre la «Revisión de la actividad de la Administración», abordaremos la posible invalidez de los actos de la Administración. En cambio, queda fuera del estudio, por haberse abordado en el primer libro de la colección, los procedimientos para la revisión de la actividad de la Administración, a través de la revisión de oficio y los recursos administrativos y contencioso-administrativos.
De todo ello, desde la perspectiva práctica que inspira esta colección, nos ocuparemos en este volumen.
La lectura del libro será la que permita juzgar la obra al lector, al que agradezco desde luego su interés.

FRANCISCO GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO
Socio-Director GÓMEZ DE MERCADO [abogados]
www.gomezdemercado.es