Autor(es) Jose Luis Barberá Bustos , ISBN:9788411627979.
Editorial Aranzadi

680 páginas, 1ª edición, En distribución desde abril 2024,
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Más sobre Urbanismo

Análisis del régimen jurídico relativo a la intervención en el uso del suelo en la Comunidad de Castilla y León, con múltiples referencias a la normativa urbanística de otras Comunidades Autónomas.
Marco normativo y competencial de la disciplina urbanística.
Control del uso del suelo: la licencia urbanística y la declaración responsable.
Fomento de la edificación, conservación y rehabilitación.
Protección de la legalidad.
El manual analiza las licencias urbanísticas mediante las cuales los Ayuntamientos realizan un control preventivo sobre los actos de uso del suelo para verificar su conformidad con la normativa urbanística. Será preciso analizar los actos sujetos a licencia urbanística así como los no sujetos a este régimen de intervención administrativa, el procedimiento administrativo para su otorgamiento o denegación y el órgano municipal competente para la resolución del expediente. Se hará preciso también examinar la relación existente entre la licencia urbanística y la licencia ambiental cuando la actuación urbanística precise también de ésta por llevar implícita el ejercicio de una actividad clasificada, así como los plazos de ejecución de los actos amparados por la licencia y su eventual caducidad.
Incluye las declaraciones responsables que se insertaron en la legislación urbanística de la Comunidad de Castilla y León en el año 2014 consecuencia de la Ley 7/2014, de 12 de septiembre analizando, como en el caso de las licencias urbanísticas, los actos sujetos a este régimen de intervención más sencillo.
Recoge los diferentes instrumentos de edificación, conservación y rehabilitación como es el caso de las inspecciones técnicas de edificios (ITE), las órdenes de ejecución, la venta y sustitución forzosas y las declaraciones de ruina, incluida la ruina inminente.
Finalmente, trata el importante régimen de protección de la legalidad urbanística para velar por el adecuado cumplimiento de la normativa urbanística mediante la inspección urbanística, la adopción de medidas de protección y restauración de la legalidad y la imposición de sanciones por infracciones urbanísticas, teniendo en cuenta que la respuesta del ordenamiento jurídico difiere según se trate de actos en curso de ejecución o concluidos, actos sin título habilitante o con título habilitante pero sin ajustarse al mismo y actos compatibles o no con el planeamiento urbanístico.