Autor(es) María Encarnación Gil Pérez , ISBN:9788490201336.
La Ley
El objeto de la obra se centra en demostrar la necesidad de reflexionar sobre los nuevos conflictos existentes en las relaciones de trabajo actuales, pues su aparición conlleva una nueva gestión de los mismos a través de las formas de solución que ofrece el ordenamiento y la regulación convenida.
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En este trabajo se pone de manifiesto la pluralidad de conflictos existentes en las relaciones laborales y la necesidad de tratarlos de manera desigual puesto que la variedad de los mismos así lo requiere. No se puede resolver de la misma forma un conflicto colectivo que uno individual, ni tampoco un conflicto jurídico que uno de intereses. La clasificación de los conflictos no siempre es clara y lleva implícito el método de solución que se implementa en cada caso. Para ello, se ha de partir de la situación actual del ordenamiento, de cómo aborda las diferentes clases de conflictos colectivos e individuales para su solución y la necesidad de acudir a las normas convenidas puesto que el ordenamiento remite a la negociación colectiva el establecimiento de procedimientos de solución autónoma de conflictos derivados de los acuerdos interprofesionales del art. 83 del ET. En este análisis de los instrumentos de solución se han estudiado los procedimientos de solución autónomos que se han desarrollado en las distintas CC.AA. para demostrar el interés de los agentes sociales de examinar y utilizar medios de solución distintos a los judiciales; no por ser sustitutivos de estos, sino por conformarse como el cauce adecuado para determinados conflictos que no se pueden o deben resolver en dicha sede. Estamos ante un nuevo reto en las relaciones laborales, donde se incorporan nuevos instrumentos de gestión de los conflictos, donde aparecen otros espacios de intervención en función de las controversias que se pueden derivar y más sujetos susceptibles de utilizar estos mecanismos, no sólo el empresario o el trabajador por cuenta ajena en el ámbito de la empresa privada, sino también el trabajador al servicio de la Administración pública, el trabajador autónomo o los funcionarios públicos, como nuevo modo de administrar los conflictos y siempre avalado por la Administración Pública, poniendo a disposición de los interlocutores sociales las herramientas existentes y la financiación necesaria para hacer realidad las iniciativas convenidas.
María Encarnación Gil Pérez. Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Castilla-La Mancha