Autor(es) Mª Elena Torres Fernandez , ISBN:9788490200209.
Editorial La Ley
1ª edición, En distribución desde abril 2012,
Precio: 41,00€ (iva incluido)  bono-5% Entrega en mano en 24 H

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La expulsión del territorio nacional ha experimentado una significativa sucesión de reformas, dirigidas en la línea de ampliar sus posibilidades de aplicación, con el objetivo de convertirla en la respuesta uniforme para quienes aúnan la doble condición de extranjeros en situación irregular e infractores penales. El Derecho en vigor se nos muestra así como el sedimento remanente del aluvión legislativo de los últimos años. Se trata de dos contextos legislativos especialmente sensibles al populismo a través del que se canalizan los difusos temores colectivos a la criminalidad y a una inmigración incontrolada percibidas como amenazas. Y de ese modo, las consiguientes demandas de seguridad son atendidas con un enfoque economicista de gestión de riesgos y que da paso al diseño de consecuencias jurídico penales regidas con criterios actuariales, extraños a los principios clásicos de individualización de la responsabilidad penal.
En este trabajo se aborda el estudio del panorama de las distintas modalidades de expulsión, penales y administrativas, con incidencia directa o indirecta en el ejercicio del Ius Puniendi. Panorama, que queda fijado, con renovado perfil, en la L.O. 5/2010, y en el ámbito administrativo, por la L.O. 2/2009. Para profundizar en la caracterización de las instituciones resultantes se ha contado con un considerable acervo bibliográfico y jurisprudencial, con el objetivo de incorporar al trabajo tanto el amplio debate doctrinal que la materia ha suscitado en los últimos años, como las tendencias más actualizadas en la práctica aplicativa. Entre los aspectos concretos, hay que destacar el modo en el que la caracterización de los tipos de expulsión contenidos en el artículo 89 del CP, y definidos legalmente como sustitutivos del cumplimiento (íntegro o parcial) de penas de privativas de libertad, así como la expulsión «medida de seguridad» del art. 108, se debate entre su diseño legal originalmente previsto como una facultad para el órgano jurisdiccional y una marcada tendencia hacia la imperatividad en las reformas posteriores, en una vacilante trayectoria legislativa, que deja la visión de un conjunto final poco coherente en algunos aspectos.