Autor(es) Pablo Izquierdo Blanco, Joan Picó Junoy; Cristina Llaras, Federic Adán Domenech, Ramona Guitart. , ISBN:9788490903162.
Editorial Bosch
Adaptada a la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas
600 páginas, 2ª edición, En distribución desde septiembre 2018, INDICE

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La presente obra disecciona ampliamente la institución del desahucio y, correlativamente, analiza con especial detenimiento la controvertida figura del lanzamiento. Como corolario, todo ello se pone en relación con el cada vez más extendido fenómeno de la “okupación” sin título de bienes inmuebles y los instrumentos legales que existen para combatirla. Esta 2ª edición parte, precisamente, del nuevo escenario regulatorio que se ha abierto a partir de la reforma procesal aprobada en junio de 2018.

Con anterioridad a la citada reforma, nuestra legislación procesal no disponía de instrumentos rápidos y eficaces para que el propietario pudiera recuperar la posesión de su vivienda.

Para dar una respuesta ágil y efectiva al problema derivado de la ocupación ilegal y el consiguiente desalojo del ocupante por la fuerza de la vivienda, la reforma aprobada modifica el juicio verbal del interdicto de recobrar la posesión, (numero cuarto del apartado 1 del artículo 250 de la LECivil), permitiendo pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento y limitando el ámbito subjetivo a la persona física que sea propietaria o poseedora legítima por otro título, las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social. Para ello se modifican los artículos 150, 437, 441 y 444 de la Ley procesal, con una disposición adicional.

La aproximación al problema de la okupación desde una triple perspectiva jurisdiccional (civil, administrativa y penal), lo que resulta especialmente útil y clarificador para los actores directa e indirectamente afectados por la okupación de inmuebles (propietarios particulares, entidades financieras, ayuntamientos, comunidades de vecinos, etc.)