[Jurisprudencia] Aguas residuales urbanas. Depuración. Competencia de los municipios con población inferior a los 2.000 habitantes.

La resolución administrativa impugnada ante la Sala de instancia -resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de 27 de septiembre de 2019, por la que se estima parcialmente el requerimiento previo formulado por el Ayuntamiento de Alcaraz- sanciona a dicho Ayuntamiento con multa por importe de 35.360 euros, por la comisión de una infracción administrativa menos grave prevista en el art. 316.g) del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico (RDPH), consistente en realizar un vertido de aguas residuales procedentes de su red de alcantarillado a un cauce público innominado, afluente del río El Escorial, careciendo de la preceptiva autorización, con daño para el dominio público que se valora en 366,87 euros (en la resolución sancionadora inicial se había valorado el daño en 10.608 euros).

Además de la imposición de la multa y de la obligación de indemnizar en la cuantía indicada, la resolución administrativa impugnada en la instancia imponía al Ayuntamiento de Alcaraz las siguientes obligaciones:

"[...] 3°.- Requerirle para que corrija inmediatamente el vertido denunciado y para que, en el plazo de un mes, inste ante este Organismo de cuenca su preceptiva legalización.

4°.- Requerirle para que dé cumplimiento a lo establecido en el RD 509/96, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, en cuanto a la obligación de disponer de un sistema de tratamiento para las aguas residuales generadas en el municipio y la de adecuar su vertido a los valores límites de emisión exigidos en el Anexo I del citado Real Decreto.

5°.- Instar al EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCARAZ a aprobar y aplicar una ordenanza municipal de vertidos a su red de colectores, al objeto de controlar los vertidos industriales a la red de saneamiento, exigiendo el cumplimiento de los valores límites de emisión en ella establecidos y regulando el correspondiente régimen disciplinario por los incumplimientos.

6º.- Siendo de su responsabilidad los daños y perjuicios que por incumplimiento de dichas obligaciones se puedan ocasionar al dominio público hidráulico y/o a terceros.

[...]"

Como fundamento de tales obligaciones la resolución administrativa alude a la competencia del ayuntamiento para la gestión y tratamiento del vertido que deriva del art. 25.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local (LRBRL), afirmando que dicho precepto "dispone que la evacuación y el tratamiento de las aguas residuales es una competencia municipal".

El Supremo desestima el recurso de la Administración.

Publicada en «ACTUALIDAD DIARIA paraprofesionales del Derecho» de 09-12-2024