[Jurisprudencia] Responsabilidad del Estado legislador derivada de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre el impuesto de plusvalía.

Se impugna en este recurso el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de noviembre de 2023 por el que se desestima la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador formulada por el Ayuntamiento de Zaragoza con sustento en la sentencia del TC 182/2021, de 26 de octubre, en relación con el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

En el citado Acuerdo se señala que el Ayuntamiento de Zaragoza al reclamar una indemnización por los importes del IVTNU que ha dejado de percibir o que han sido objeto de devolución, actúa como persona jurídica pública, no ajena, en cuanto entidad local, al proceso de determinación del tributo y destinataria de la recaudación de dicho impuesto. Motivo por el cual, no cabe reconocerle la condición de "particular" que legitima para solicitar la indemnización de daños y perjuicios que pretende.

Igualmente, el Acuerdo recurrido indica que la pretensión indemnizatoria estaría prescrita con relación a determinados daños invocados con base en las SSTC 59/2017 y 126/2019, al haber transcurrido con creces el plazo de un año legalmente establecido desde la publicación de las referidas sentencias.

Por otra parte, considera que no concurre la nota de la antijuridicidad del perjuicio alegado recayendo sobre el Ayuntamiento la obligación de soportar las consecuencias de la declaración de inconstitucionalidad.

Por último, el Acuerdo impugnado rechaza la inexistencia de inactividad del legislador ya que la nueva regulación del tributo se aprobó mediante el Real Decreto-Ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adaptó el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que entró en vigor el día 10 de noviembre de 2021, dos semanas antes de la publicación en el BOE de la STC 182/2021, el día 25 de noviembre de 2021.

El Supremo desestima el recurso del Ayuntamiento.

Publicada en «ACTUALIDAD DIARIA paraprofesionales del Derecho» de 26-11-2024