[Jurisprudencia] Provisión judicial de apoyos a persona con discapacidad. Curatela representativa que no guarda relación con las necesidades provocadas por la discapacidad. Alteración del orden en la designación del curador.

El presente procedimiento se inició, a instancia del Ministerio Fiscal, en octubre de 2019, antes de la aprobación y entrada en vigor de la Ley 8/2021, de 2 de junio, que reformó la legislación civil y procesal relativa al apoyo de las personas con discapacidad.

El fiscal solicitó, bajo la legislación anterior, que se declarara la modificación de capacidad de Javier que debía afectar, en el ámbito personal, a lo relativo a su salud mental, y que se le designara tutor a la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos.

La sentencia de primera instancia, dictada el 11 de diciembre de 2020, bajo la vigencia de la normativa anterior, concluye que Javier "necesita ayuda para las actuaciones cotidianas, no teniendo autonomía para las labores de autocuidado (...), ya no está en condiciones de gobernar por sí mismo sus bienes y patrimonio, sin que, por otro lado, conserve suficiente capacidad para decidir sobre el cuidado de su salud con una abstracción a tomar decisiones". En consecuencia, declara su incapacidad total y precisará la autorización del tutor para realizar "actos de derecho público y privado". Y nombra tutora a una agencia pública de tutelas y no a alguna de sus dos hermanas, por entender que ninguna de ellas se encuentra en condiciones de ejercitar la tutela sin que le afecte a su propia estabilidad personal.

La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por Javier. Para cuando resuelve la Audiencia, ya ha entrado en vigor la reforma introducida por la ley 8/2021, de 2 de junio.

La Audiencia estima en parte el recurso y acuerda la constitución de una curatela, como medida de apoyo puntual, en cuanto que deberá prestarse cuando lo necesite el interesado "en el ámbito personal, sanitario, económico, jurídico, administrativo". No obstante, atribuye al curador "su representación legal para garantizar en especial sus visitas médicas y el cumplimiento de los tratamientos terapéuticos". Y confirma en la designación del cargo a la agencia pública de tutelas (AMTA).

La sentencia fue dictada el 18 de octubre de 2022. Se solicitó una primera aclaración, que se realizó por auto de 29 de noviembre de 2022. Y se solicitó a continuación otra segunda aclaración que fue denegada por auto de 19 de diciembre de 2023.

El Supremo estima parcialmente el recurso.

Publicada en «ACTUALIDAD DIARIA paraprofesionales del Derecho» de 22-11-2024