[Jurisprudencia] Concesión de la autorización de residencia por razones humanitarias. Se fija como doctrina interpretativa de los artículos 37 y 46 de la Ley 12/2009, de asilo y protección subsidiaria.

La representación procesal de doña Elsa y los menores Luis Carlos, Luis Antonio y Luis Miguel ha impugnado la sentencia de 1 de junio de 2022, de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que desestimó el recurso ordinario n.º 1778/2020 interpuesto contra las resoluciones del Subsecretario de Interior, por delegación del Ministro, de fecha 21 de noviembre de 2019, por las que se deniega el derecho de asilo y la protección subsidiaria.

La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional desestimó el recurso al considerar que la extorsión a la que estuvo sometida la familia en Colombia tenía una finalidad puramente económica, sin otros elementos que justifiquen que tuviera una motivación basada en la Convención de Ginebra por lo que quedaría excluida del ámbito de la protección internacional, constatando los esfuerzos realizados recientemente por las autoridades colombianas para erradicar la extorsión de tipo económico. Relata la sentencia de instancia que la solicitante es perseguida por su pertenencia al grupo social de propietarios de negocios (peluquerías) pero que esta situación no resulta incardinable en el artículo 7.1.e) de la Ley 12/2009, de 13 de octubre, del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, dado que: ".. aunque sea el que sufra en buena medida las acciones de las bandas criminales, no supone que "comparten una característica innata o unos antecedentes comunes que no pueden cambiarse", ni que "comparten una característica o creencia que resulta tan fundamental para su identidad o conciencia que no se les puede exigir que renuncien a ella"; no constituyendo tampoco un " grupo basado en una característica común de orientación sexual o identidad sexual, y, o, edad", ni, en fin, que sus integrantes tuvieran "fundados temores de sufrir persecución por motivos de género y, o, edad". De este modo, que sean pequeños comerciantes quienes sufran los actos de extorsión, no permite configurarlos como un grupo que sufre persecución a efectos de lo dispuesto en la Ley de Asilo, pues falta el elemento esencial de que los perseguidores compartan una determinada ideología contraria a la de las personas que sufren la extorsión, cuestión ésta no acreditada a juicio de la sentencia recurrida.

El Supremo estima el recurso.

Publicada en «ACTUALIDAD DIARIA paraprofesionales del Derecho» de 12-09-2024