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(i) D. Fermín fue contratado por la sociedad 96 de Comunicaciones S.L. como director-gerente, en régimen laboral de alta dirección.
(ii) El 15 de octubre de 2009 se constituyó una sociedad denominada VBSA Telecom S.L., con un objeto social similar a 96 de Comunicaciones S.L. Eran administradores mancomunados de esta segunda sociedad D. Héctor y D. Evaristo; por tiempo indefinido y cuyo cargo fue inscrito el 30 de marzo de 2010 en el Registro Mercantil.
(iii) En el periodo comprendido entre el 18 de noviembre de 2009 y 1 de enero de 2010, veintiséis trabajadores de 96 de Comunicaciones S.L. pasaron, por indicación del administrador Sr. Héctor a la sociedad VBSA, con mantenimiento de sus condiciones de salario y antigüedad.
(iv) El Sr. Fermín también fue afectado por este cambio de empresa, y a principios de enero de 2010 recibió una comunicación de VSBA, de sucesión empresarial, en la que se le indicaba que VBSA se subrogaba en la posición patronal de 96 de Comunicaciones y le mantenía el salario y la antigüedad que tenía en esta empresa.
(v) El 11 de marzo de 2010, los administradores de VBSA comunicaron al Sr. Fermín la extinción de la relación laboral que mantenía con esta empresa, sin entregar carta de despido, invocar causa alguna para la extinción del contrato, ni poner a disposición del trabajador la cantidad que podía corresponderle en concepto de indemnización.
(vi) El Sr. Fermín demandó a la empresa ante la jurisdicción social. El 22 de marzo de 2011, el Juzgado de lo Social núm. 1 de Sabadell dictó sentencia que declaró la improcedencia de la extinción del contrato de trabajo y condenó a la sociedad a pagar una indemnización de 11.875 €.
(vii) La sentencia recaída en el proceso por la extinción de la relación laboral quedó firme y como el Sr. Fermín no fue readmitido, el juzgado dictó auto con fecha 28 de junio de 2012, en el que fijó que se le adeudaba, por todos los conceptos, 114.752,29 € (indemnización más salarios de tramitación).
Como la empresa no abonó dichas cantidades, el juzgado dictó auto por el que despachó ejecución por 114.752'29 € de principal, más 11.475'23 € para intereses y costas.
Ante lo infructuoso de la ejecución, la empresa deudora fue declarada insolvente por decreto de 24 de enero de 2013.
(viii) En paralelo, el Sr. Fermín formuló otra demanda ante la misma jurisdicción social y juzgado, contra 96 y VBSA, en reclamación de salarios atrasados de 2009 y 2010, cuya vista se celebró el 7 de marzo de 2012 y en el que recayó sentencia el 14 de marzo de 2012, que condenó a VBSA a pagar al Sr. Fermín 4.254,93 €.
Mediante decreto de 24 de enero de 2013 se declaró la insolvencia de la empresa, por la cantidad de 5.022,94 €.
(ix) Descontados los adelantos efectuados por el FOGASA, VBSA adeuda al Sr. Fermín la cantidad de 104.192,82 € y las costas dimanantes de los dos procedimientos seguidos (despido y reclamación salarial) ante el Juzgado de lo social 1 de Sabadell.
(x) Desde su constitución en 2009, la sociedad VBSA, con un capital social de 3.100 €, no ha depositado sus cuentas en el Registro Mercantil.
(xi) El administrador social Sr. Evaristo promovió el concurso necesario de la sociedad VBSA, que fue rechazado por falta de legitimación activa.
También solicitó la disolución judicial de la compañía VBSA ante el Juzgado de lo Mercantil 1 de Barcelona. En dicho proceso, la sociedad demandada permaneció en rebeldía, y recayó sentencia estimatoria de fecha 14 de marzo de 2011. En la ejecución de la sentencia se nombró una liquidadora, cuyo cargo no consta inscrito en el Registro Mercantil.
(xii) VBSA ha cesado en su actividad y ha desaparecido de su domicilio social, en el que figura otra empresa con distinta denominación social.
En cuanto a la acción individual, consideró que la inactividad de los administradores para una liquidación ordenada de la sociedad frustró el cobro de su crédito. Mientras que, respecto de la acción social de responsabilidad por deudas, alegó que, al no haber adoptado las medidas previstas legalmente tras la concurrencia de la causa de disolución, los administradores sociales debían ser responsables solidarios de las deudes posteriores.
Respecto del fondo del asunto, consideró que no concurrían los elementos para la estimación de la acción individual. Y en cuanto a la acción de responsabilidad por deudas, la estimó en parte, al apreciar, resumidamente, que la sociedad estaba incursa en causa de disolución por pérdidas desde 2010 y que, si bien uno de sus administradores, el Sr. Evaristo, solicitó la disolución judicial, lo hizo ya fuera del plazo de dos meses previstos legalmente. Por lo que condenó a los administradores demandados al pago de las deudas posteriores al acaecimiento de la causa de disolución, que eran salariales y por importe de 5.022,94 €.
El Supremo desestima los recursos.
[TS] [Mercantil]
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