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El presente litigio versa sobre la reclamación del tomador-asegurado contra su compañía de seguros tras habérsele reconocido una invalidez permanente absoluta que se encontraba cubierta por el seguro de vida e invalidez celebrado. La sentencia de primera instancia condenó a la aseguradora a pagar hasta el importe del capital asegurado. La sentencia de segunda instancia, objeto del presente recurso, condenó a la aseguradora a pagar la suma resultante de reducir proporcionalmente la prestación a la diferencia entre la prima convenida y la que se hubiese aplicado de haberse conocido la entidad del riesgo, remitiéndose para su determinación a la fase de ejecución de sentencia. Recurre en casación el demandante, tomador del seguro.
Los antecedentes relevantes para la decisión del recurso son los siguientes:
Para el caso de producirse el siniestro se designó como beneficiaria a Caja Rural de Aragón S.C.C. (Cajalón, actualmente Bantierra) "por el importe de cualquier deuda contraída por el tomador y pendiente de liquidar en la fecha del siniestro". En la póliza se recogía la declaración de que "el tomador renuncia de manera expresa a la facultad de revocar la designación de la entidad financiera como beneficiario por la deuda pendiente de amortizar".
En el momento de concertar el seguro, D. Roberto tenía concedido un préstamo hipotecario por Cajalón (Bantierra) para la compra de su vivienda.
En la póliza constaba como "Declaración del asegurado", la siguiente: "El asegurado declara que tiene plena capacidad para trabajar, goza de buena salud, y no padece o ha padecido enfermedad o lesión (cardiaca, circulatoria, oncológica, infecciosa, del aparato digestivo o endocrina -diabetes-) que haya precisado tratamiento médico...".
En el momento de concertar el seguro, D. Roberto se encontraba trabajando como guardia de seguridad en una empresa.
Según la documentación médica incorporada a las actuaciones, cuando suscribió el seguro, D. Roberto había sido tratado de epilepsia.
El 9 de julio de 2013 el INSS dictó resolución por la que reconoció a D. Roberto la situación de incapacidad permanente absoluta como consecuencia de la epilepsia farmacoresistente y la bradipsiquia padecidas.
D. Roberto se dirigió a la entidad Rural Vida S.A. de Seguros y Reaseguros solicitando que amortizara el importe de 115.080,32 euros del préstamo hipotecario que estaba pendiente de pago.
La entidad aseguradora solicitó entonces los informes médicos y rechazó el pago alegando que el asegurado tenía antecedentes no declarados de las causas que motivaron el siniestro, de donde se deducía que ocultó datos conocidos y relevantes para la correcta valoración del riesgo.
El Supremo estima el recurso y repone la situación de la Primera Instancia.
[TS] [Mercantil]
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