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El Derecho de la Unión prohíbe las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros.
En Londres, el transporte retribuido en automóvil lo realizan los taxis londinenses y los vehículos de turismo con conductor (VTC). Los taxis londinenses son los únicos autorizados a «ofrecer sus servicios» (es decir, buscar o esperar a pasajeros sin reserva previa). En cambio, los VTC sólo pueden recoger a personas que hayan reservado previamente. Por otra parte, los taxistas londinenses están sujetos a requisitos estrictos en materia de vehículos, precios y conocimiento de Londres, requisitos que no se aplican a los VTC.
Transport for London (TfL) y los Boroughs (distritos) de la ciudad son las autoridades competentes en materia de tráfico respecto a la práctica totalidad de las carreteras de Londres. TfL permite a los taxis londinenses, excluyendo a los VTC, utilizar los carriles bus de las carreteras que gestiona durante las horas en que se aplican restricciones. La mayor parte de los Boroughs de Londres también han adoptado dicha política con respecto a las carreteras sometidas a su control.
Eventech es la propietaria de todos los VTC de su sociedad matriz, Addison Lee Plc, que explota un parque automovilístico de VTC en Londres. El London Borough of Camden notificó dos atestados a Eventech debido a que dos conductores de VTC de Addison Lee habían utilizado un carril bus en el centro de Londres. Eventech impugnó esos atestados, alegando concretamente que la política relativa a los carriles bus constituye una ayuda de Estado en favor de quienes explotan taxis londinenses, contraria al Derecho de la Unión.
La Court of Appeal (Reino Unido), que conoce del asunto, ha planteado al Tribunal de Justicia diversas cuestiones prejudiciales para que se dilucide si dicha autorización constituye una ayuda de Estado.
En la sentencia que dictada hoy, el Tribunal de Justicia declara que el hecho de autorizar a los taxis londinenses a circular por los carriles bus, con exclusión de los VTC, no parece implicar que se comprometan fondos estatales. El hecho de que los taxis londinenses no tengan que pagar multas por utilizar los carriles bus no conlleva cargas adicionales para los poderes públicos que puedan dar lugar a que se comprometan fondos estatales. Los carriles bus no fueron construidos en beneficio de los taxis, sino como elementos de la red viaria londinense y su principal finalidad es facilitar el transporte público en autobús. Un Estado no confiere necesariamente una ventaja económica cuando concede a determinados usuarios un derecho de acceso preferente a una infraestructura pública –que no es explotada económicamente por las autoridades públicas– con el fin de lograr un objetivo previsto por la normativa nacional (como el de garantizar un sistema de transporte seguro y eficaz). Habida cuenta de las características de los taxis londinenses, las autoridades nacionales competentes han podido considerar razonablemente que el acceso de estos taxis a los carriles bus podía aumentar la eficacia del sistema de transporte por carretera londinense.
A continuación, el Tribunal de Justicia indica que, en virtud de su estatuto jurídico, los taxis londinenses se encuentran en una situación fáctica y jurídica distinta de la de los VTC, de modo que estas dos categorías de vehículos no son comparables. Los taxis londinenses son los únicos que pueden ofrecer sus servicios, están sujetos a la obligación de hacerse cargo del pasajero, deben ser reconocibles y poder transportar a personas que se desplacen en silla de ruedas, además de que los taxistas deben facturar sus servicios mediante un taxímetro y tener conocimientos especialmente profundos de la ciudad de Londres. En este contexto, la política relativa a los carriles bus no confiere una ventaja económica selectiva a los taxis londinenses.
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