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El 14 de enero de 1991 se dictó sentencia de divorcio de los cónyuges don Edmundo y doña Alicia en la que se acordó como medidas definitivas consecuencia del mismo (i) pensión de alimentos a favor de los hijos Romulo y Víctor y (ii) pensión compensatoria a favor de la esposa, siendo el obligado a ello el padre y exmarido respectivamente.
Con fecha 5 de enero de 2012 la representación procesal de don Edmundo presentó demanda de modificación de medidas definitivas frente a doña Alicia , postulando: 1) que se extinga la pensión de alimentos a favor de los hijos Romulo y Víctor (actualmente de 39 y 32 años de edad, respectivamente), por entender que ambos trabajan o lo han hecho con periodicidad, además de poseer capacidad para hacerlo, dada su edad; subsidiariamente, para el caso de demostrarse que los trastornos que padecen ambos hijos les impiden desarrollar una actividad laboral y que no son perceptores de ayuda social o pensión asistencial alguna, se reduzca la pensión de alimentos establecida en la citada resolución en un 22%, esto es, proporcionalmente a la reducción de ingresos del obligado, hoy actor, tras su jubilación en el mes de septiembre de 2011; 2) que se extinga la pensión compensatoria a favor de la demandada doña Alicia o, subsidiariamente, reducir el importe de la misma en un 22% proporcionalmente a la reducción de ingresos del obligado.
La parte demandada se opuso a tales pretensiones, alegando, en primer lugar, que la demandada padece una minusvalía del 68% que, prácticamente, le impide deambular, que no trabaja ni ha trabajado nunca y que carece de ingresos propios, que los dos hijos padecen asimismo sendas minusvalías ( Romulo del 69% y Víctor del 65%) que les impiden acceder al mercado laboral, careciendo de ingresos propios.
El Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Familia (Bilbao) que conoció del litigio dictó sentencia el 3 de julio de 2012 en la que, estimando parciamente la demanda redujo ambas pensiones un 9% en atención a la reducción de los ingresos del obligado a causa de su jubilación forzosa.
Mantenía intactas las necesidades de los alimentistas, calificando su situación de precaria por padecer los tres minusvalías de carácter permanente (que oscilan del 65% al 69%), lo que les dificulta enormemente (cuando no impide, como es el caso de la demandada, con graves dificultades de deambulación) acceder al mercado laboral y percibir ingresos suficientes con los que satisfacer sus necesidades básicas.
Contra la anterior sentencia interpusieron sendos recursos de apelación ambas partes dictando sentencia resolutoria de ellos la Audiencia Provincial de Bizkaia, Sección 4ª, el 25 de marzo de 2013 en el sentido de acordar la extinción de las pensiones de alimentos a favor de los hijos mayores de edad y el mantenimiento de la pensión compensatoria pero con la reducción del 22% y no del 9%.
El Supremo estima el recurso.
[TS] [Civil]
Dirigida por Antonio Javier Pérez Martín. Comentarios, jurisprudencia, casos prácticos, formularios y esquemas.
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