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El Juzgado de lo Social nº 1 de Figueres dictó sentencia el 15 de mayo de 2012 , autos 27/12, seguidos a instancia de D. Alonso contra A SL., La SL, B 21 SL., y D. Eutimio , en reclamación de extinción de contrato y cantidad, declarando extinguida la relación laboral que vincula a las partes a la fecha de la sentencia, condenando a la empresa A SL. a abonar a D. Alonso una indemnización de 95.856'10 euros y, estimando parcialmente la reclamación de cantidad, condenó a la empresa A SL a abonar al actor la cantidad de 64.877'53 euros, así como el interés moratorio del 10% anual, absolviendo a las restantes demandadas. Tal y como resulta de dicha sentencia, el actor ha venido prestando servicios a la demandada A SL desde el 9-10-2009, ostentando la categoría profesional de Gerente, percibiendo un salario mensual de 6.692'31 euros. En el contrato las partes pactaron una retribución total de 3.600 euros netos por 15 pagas, revisable anualmente al alza que experimente el IPC, pactándose una retribución variable del 0'5% de las ventas. El actor inicio IT el 30-3-2011, continuando a la fecha del juicio. En el contrato suscrito por las partes se acordó que si se producía la extinción del contrato por incumplimiento del empresario, la indemnización que tendría derecho a percibir el trabajador será el equivalente a las retribuciones devengadas en los doce meses precedentes. La empresa no ha abonado los salarios de abril de 2011 a 16 de enero de 2012. Tampoco ha abonado el complemento de IT a cargo de la empresa, establecido en el Convenio Colectivo de la Construcción de Girona, correspondiente al periodo en que el actor estuvo en IT. Las comisiones del año 2011 no han sido abonadas.
Recurrida en suplicación por la parte actora y, a la vista del escrito de impugnación formulado por la demandada, la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 26 de febrero de 2013, recurso 6459/12 , desesestimó el recurso interpuesto por D. Alonso y estimó en parte las pretensiones expuestas en el escrito de impugnación presentado por A SL, La SL, B SL y Eutimio , manteniendo la declaración de la extinción del contrato de trabajo que unía a las partes, a instancia del trabajador, reduciendo la indemnización a percibir por el demandante a la cantidad de 51.887'52 euros y reduciendo el importe de las cantidades a abonar por A SL a la suma de 3053'14 euros, mas el 10% de recargo por mora, manteniendo el pronunciamiento absolutoria de las demás codemandadas.
Contra dicha sentencia se interpone recurso de casación para la unificación de doctrina por el Ministerio Fiscal, de oficio, en su función de defensa de la legalidad, dado que sin existir doctrina unificada en la materia litigiosa en la fecha de su formulación, la norma aplicada por la sentencia impugnada es de reciente vigencia, pues lleva menos de cinco años en vigor en el momento de haberse iniciado el proceso en instancia, ya que el proceso se inició el 18 de enero de 20122 y la Ley 36/2011 de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, entro en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE el 11 de octubre de 2011.
La representación legal del actor D. Alonso , parte demandante y recurrente en suplicación, ha interesado la alteración de su situación jurídica particular resultante de la sentencia recurrida, en escrito presentado el 15 de abril de 2013, al haberle dado traslado del escrito de preparación del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Ministerio Fiscal. Las demandadas, recurridas A SL., La SL, BSL. y Eutimio han impugnado el recurso, habiendo solicitado la representación letrada de D. Alonso , en su escrito de impugnación, la estimación del recurso y que se proceda a alterar la situación jurídica de la sentencia recurrida, revocándose ésta y reponiéndose el fallo de la sentencia de instancia.
El Supremo estima el recurso del Ministerio Fiscal y establece doctrina jurisprudencial.
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