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La normativa inobservada por los cuatro concejales, acusados en el presente proceso, aparece reflejada en el factum, concretada por el Fiscal en los siguientes términos:
"En el relato de hechos probados se recoge la normativa aplicable y vigente en cada momento desde la Ley 4/1988 que declaró Oyambre Parque Natural, hasta la aprobación definitiva del PORN por Decreto de 16-12-2010 y del Plan General de Ordenación Urbana de 15-6-2011.
Consta asimismo que en sesión de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera celebrada el 16-10- 2006 se acordó la concesión de licencia urbanística para la construcción de 18 viviendas con garaje y trastero en el BARRIO000 incluido dentro de los límites del Parque Natural de Oyambre y "no se recabó informe previo a su concesión a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca y Biodiversidad de Cantabria". Igualmente se recoge que con fecha 18-4-2005 se publicó la Orden Gan 23/2005 de 29 de marzo acordando iniciar la tramitación del PORN de Oyambre, indicándose en la misma que "no podrá otorgarse ninguna autorización, licencia o concesión que habilite para la realización de actos de transformación de la realidad física o biológica sin informe favorable de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca".
Consta expresamente que en fecha 4-8-2006 entró en vigor la Ley de Cantabria 4/2006 de 19 de mayo en cuya disposición derogatoria única se suprimió, entre otros, el art. 3 de la Ley 4/88 ".
Considera que la arbitrariedad o injusticia que el Código señala como connotaciones de la resolución administrativa se produce cuando el funcionario se aparta de la ley y la reemplaza por su voluntad. Tal resolución será arbitraria cuando no resulta cubierta por ninguna interpretación de la ley basada en cánones hermenéuticos admitidos, puesto que es en ese momento en el que ya no es posible decir que se aplica el derecho, sino la voluntad del funcionario.
La Audiencia estima que no existió conciencia por parte de los acusados del apartamiento del derecho al tomar la decisión, aunque a juicio del Fiscal sí existió una patente y abierta contradicción con el ordenamiento jurídico y desprecio de los intereses generales.
No comparte el recurrente la fundamentación de la Sala para absolver, que la cifró en el desconocimiento por parte de los acusados de estar incumpliendo la normativa vigente, cuando -según el Fiscal- existieron pruebas que acreditaban otra cosa y que el Tribunal de instancia no valoró adecuadamente, en particular desconocer la problemática que plantearon los concejales de la oposición con carácter previo a la concesión de la licencia de obra. También alguno de los concejales acusados han ostentado responsabilidades municipales, entre ellos, el alcalde
Jaime era diputado del Parlamento de Cantabria y fue portavoz de un grupo parlamentario en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca durante la legislatura que aprobó la Ley de Cantabria 4/2006, y durante el inicio de la tramitación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN). Dichos datos - en el recurso- se entienden obviados a pesar de constar
El Supremo desestima el recurso.[TS] [Penal]
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