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< 1. La cuantía global por derechos devengados por un procurador de los Tribunales en un mismo asunto, actuación o proceso no podrá exceder de 300.000 euros. Excepcionalmente, y sometido a justificación y autorización del juez, se podrá superar el límite anteriormente señalado para remunerar justa y adecuadamente los servicios profesionales efectivamente realizados por el procurador de manera extraordinaria. 2. En los procesos concursales la base para regular los derechos que se devenguen será el 60 por 100 del pasivo resultante de la lista definitiva de acreedores presentada por la administración concursal. Cuando el número de acreedores que figuren en la lista fuera superior a 300, la base de cálculo se elevará al 70 por100 del pasivo. 3. Las reglas establecidas en los apartados anteriores serán de aplicación a todas las actuaciones o procedimientos en tramitación a la entrada en vigor del presente real decreto-ley, incluidas las cantidades devengadas por actuaciones anteriores que no se hayan liquidado con carácter firme>>. Previamente, el citado Real Decreto Ley afirma, en su Preámbulo, lo siguiente: < La imperiosa necesidad de salvaguardar los legítimos derechos de los acreedores y la reducción de los costes en la administración de justicia exige que ambas reglas sean de aplicación a todos los procedimientos en tramitación y a todos los derechos que aún devengados no se hayan liquidado con carácter firme. La situación económica actual y la retribución justa y equitativa de los servicios prestados por los procuradores de los tribunales justifican la adopción de esta medida con urgencia a través del presente instrumento evitando que se demore la puesta en práctica de unas medidas que ya son efectivas para otros operadores jurídicos lo que genera desigualdad y falta de equidad en estas cuestiones>>. En
sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid, de fecha 12 de septiembre de 2011 , se fijaron los derechos de arancel del procurador en la cuantía de 589.722,59 euros, excediendo expresamente los límites del RDL, respecto del que se recoge su aplicación al caso.
En la citada sentencia se refleja que la reclamación de los honorarios de Procurador -de la parte actora en este recurso- se formuló en noviembre de 2009, es decir, con anterioridad a la fecha del Real Decreto-Ley objeto de examen y se refería a la fase común del concurso. Por tanto, los derechos el Procurador recurrente se habían reclamado antes de la publicación de la citada norma y la sentencia del Juzgado de lo Mercantil la aplica, excediendo el límite que se marca en la norma. La cuantía objeto de reclamación asciende, en definitiva, a 711.324,89 euros.
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