[Jurisprudencia] Cuando un Estado miembro reconoce a una sociedad la facultad de transformarse, también debe otorgársela a una sociedad constituida en otro Estado miembro

El Derecho húngaro autoriza a las sociedades húngaras a transformarse,  pero no permite la transformación de una sociedad de otro Estado miembro en sociedad húngara.
La sociedad italiana VALE COSTRUZIONI S.r.l. fue constituida e inscrita en el Registro Mercantil de Roma en el año 2000. El 3 de febrero de 2006, esta sociedad solicitó la cancelación de su inscripción en el registro porque deseaba trasladar su domicilio social y su actividad a Hungría, y cesar su actividad en Italia. El 13 de febrero de 2006, la inscripción de la sociedad fue cancelada en el registro italiano, donde se anotó que «la sociedad se ha trasladado a Hungría».
Tras esta cancelación, el gerente de la sociedad VALE COSTRUZIONI y otra persona física constituyeron la sociedad VALE Építési kft. El representante de esta última solicitó a un tribunal mercantil húngaro la inscripción en el Registro Mercantil húngaro, con la mención de la sociedad VALE COSTRUZIONI como predecesora legal de la sociedad VALE Építési kft. Sin embargo, el tribunal mercantil denegó tal solicitud porque una sociedad constituida y registrada en Italia no podía trasladar su domicilio social a Hungría ni ser inscrita en el Registro Mercantil en Hungría como predecesora legal de una sociedad húngara.
El Legfelsőbb Bíróság (Tribunal Supremo, Hungría), que debe resolver sobre la solicitud de inscripción de la sociedad VALE Építési kft, pregunta al Tribunal de Justicia si la normativa húngara que permite transformarse a las sociedades húngaras, pero prohíbe a las sociedades de otro Estado miembro una transformación en sociedades húngaras, es compatible con el principio de libertad de establecimiento. En este contexto, el tribunal húngaro quiere saber si, en la inscripción de una sociedad en el Registro Mercantil, un Estado miembro puede denegar el registro de la predecesora de esa sociedad, originaria de otro Estado miembro.
En su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia recuerda, en primer lugar, que a falta de una definición uniforme de las sociedades en el Derecho de la Unión, éstas sólo tienen existencia a través de las legislaciones nacionales que regulan su constitución y su funcionamiento. De este modo, en el contexto de una transformación transfronteriza de una sociedad, el Estado miembro de acogida puede establecer las normas pertinentes para tal operación y aplicar su Derecho nacional sobre transformaciones internas que regula la constitución y el funcionamiento de una sociedad.
Sin embargo, el Tribunal de Justicia indica que la legislación nacional en este ámbito no puede eludir, de entrada, el principio de libertad de establecimiento y, por tanto, sus disposiciones que prohíben la transformación de una sociedad procedente de otro Estado miembro, a la vez que permiten transformarse a las sociedades nacionales, deben examinarse a la luz de este principio.
El Tribunal de Justicia señala, a este respecto, que la normativa húngara controvertida, al prever únicamente la transformación de las sociedades que ya tienen su sede en Hungría, establece, de manera general, una diferencia de tratamiento entre sociedades en función del carácter interno o transfronterizo de la transformación. Ahora bien, tal diferencia de tratamiento, al poder disuadir a las sociedades que tienen su sede en otros Estados miembros de ejercer su libertad de establecimiento, constituye una restricción no justificada del ejercicio de esta libertad.
El Tribunal de Justicia añade que, por una parte, la realización de una transformación transfronteriza requiere la aplicación consecutiva de dos Derechos nacionales a tal operación jurídica. Por otra parte, el Tribunal de Justicia afirma que de los artículos 49 TFUE y 54 TFUE sobre la libertad de establecimiento no pueden deducirse reglas precisas que puedan sustituir a las normas nacionales. En tales circunstancias, la aplicación de las normas nacionales debe efectuarse respetando los principios de equivalencia y efectividad, al objeto de garantizar la salvaguardia de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables.
En consecuencia, el Tribunal de Justicia constata, en primer lugar, que no puede cuestionarse la aplicación, por Hungría, de las normas de su Derecho nacional sobre transformaciones internas que regulan la constitución y el funcionamiento de una sociedad, como el requisito de elaborar un balance y un inventario de activos.
En segundo lugar, cuando un Estado miembro exige, en el marco de una transformación interna, una estricta continuidad jurídica y económica entre la sociedad predecesora que ha solicitado la transformación y la sociedad sucesora transformada, también puede exigir lo mismo en el marco de una transformación transfronteriza.
Sin embargo, el Tribunal de Justicia declara, en tercer lugar, que el Derecho de la Unión se opone a que las autoridades de un Estado miembro, con motivo de una transformación transfronteriza, se nieguen a mencionar en el Registro Mercantil a la sociedad del Estado miembro de origen –como predecesora legal de la sociedad transformada–, cuando tal mención de la sociedad predecesora sí se inscribe con motivo de las transformaciones internas.
Por último, el Tribunal de Justicia responde que las autoridades del Estado miembro de acogida que deben resolver una solicitud de registro de una sociedad deben tener en cuenta los documentos procedentes de las autoridades del Estado miembro de origen que acreditan que dicha sociedad, en la cesación de sus actividades en ese último Estado, cumplió efectivamente la legislación nacional del Estado de origen.

Publicada en «ACTUALIDAD DIARIA paraprofesionales del Derecho» de 12-07-2012