[Jurisprudencia] Delito de prevaricación urbanística del artículo 320.2 C.P.. Omisión de los trámites esenciales del procedimiento. Delito de infidelidad en la custodia de documentos. Ocultación. Falta de quebranto del interés público. Delito de malversación de caudales públicos. Atenuante de reparación del daño muy cualificada

hechos probados:

"El día 26 de septiembre de 2006 Don, Alcalde la Entidad Local Autónoma de Encinarejo, y en su condición de tal, recibió en su despacho a Dony Doncomo representantes de la entidad mercantil GARCÍA Y CONTRERAS INMOBILIARIA SL, le presentaron proyecto de construcción de dos viviendas en la calle Félix Rodríguez de la Fuente núm. 6 de la citada localidad de Encinarejo. El Sr.recibida esa documentación con su solicitud hizo el cálculo de la tasa por la licencia de construcción, fijándola en 4413,47 euros. Igualmente les indicó que le trajeran el dinero en metálico, en fecha no precisada, pero pocos días después, Doncompareció de nuevo en la sede de la ELA de Encinarejo, siendo nuevamente atendido por el Sr.a quien le entregó el importe de la tasa en la cuantía que aquél le había indicado, dándole el oportuno recibo que fechó el 28 de septiembre de 2006. El Sr.recibió el dinero y lo hizo propio, confeccionó y firmó el acuerdo de concesión de licencia, entendiéndolo así el solicitante. La documentación la retuvo en su poder ocultándola, sin dejar constancia alguna en los registros y archivos de la ELA de Encinarejo. El 5 de noviembre de 2007, ya con nueva Corporación y nuevo Alcalde, se advirtió del derribo y construcción que estaba llevando a cabo la entidad mercantil CONSTRUCCIONES GARCÍA Y CONTRERAS INMOBILIARIA SL, cuyo representante exhibió la documentación en su poder justificativa del pago de licencia de obras. Iniciadas pesquisas para buscar el expediente que le sirviera de soporte, no se encontró nada más que un archivo informático de licencia de obra nueva. Advertido de ello el Sr., entonces concejal de esa entidad, realizó un ingreso por importe de 4414 euros en cuenta titularidad de la misma en La Caixa (folios 75 y 79) señalando como referencia el pago de licencia de esa construcción, y con igual fecha y a través de la empresa de mensajería MRW remitió la documentación (folio 71) que mantuvo en su poder, indicando a la referida constructora como remitente, y que incluía toda la que recibió del denunciante para obtener licencia ".

La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:

" FALLAMOS :Debemos de condenar y condenamos acomo autor penalmente responsable de los delitos que se dirán, a las siguientes penas: Doce meses de multa con una cuota diaria de seis euros, con responsabilidad personal subsidiaria de ciento ochenta días caso de impago y acreditada su insolvencia, inhabilitación especial para empleo o cargo público durante siete años, y la tercera parte de las costas, por el delito de prevaricación urbanística antes definido. Tres años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de seis años, y otro tercio de las costas, por el delito de malversación de caudales públicos, y Un año de prisión, multa de siete meses con una cuota diaria de seis euros, inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de un año, y al pago de otro tercio de las costas devengadas, por el delito de infidelidad en la custodia de documentos. No se incluirán en las costas las de la acusación particular. Conclúyase conforme a derecho la pieza de responsabilidad civil ".

El Supremo estima parcialmente el recurso aumentando. la pena por el delito de malversación.

Publicada en «ACTUALIDAD DIARIA paraprofesionales del Derecho» de 10-07-2012