[Jurisprudencia] Protección de datos personales de clientes de un Banco y ejercicio de acción colectiva por Asociación de consumidores. Para requirir a un banco su listado de clientes, el Juzgado debe motivar la exepcionalidad de esa medida.

La entidad demandante de amparo imputa al Auto de 20 de octubre de 2010 (y a la providencia de 29 de noviembre de 2010, que rechaza el incidente de nulidad promovido contra el mismo porque no reparó la lesión denunciada), la vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), porque considera que la medida acordada en dicho Auto se fundamenta en una interpretación irrazonable de los requisitos legales aplicables, al desconocer las exigencias constitucionales de motivación reforzada cuando están en juego derechos fundamentales sustantivos, en este caso los derechos a la intimidad y a la protección de datos personales (art. 18.1 y 4 CE) de los clientes de la entidad demandante de amparo, que ésta custodia en el marco de la relación contractual bancaria.

Conforme ha quedado expuesto en el relato de antecedentes, en el Auto impugnado se acuerda, en virtud del art. 256.1.6 de Ley de enjuiciamiento civil (LEC), requerir a la entidad BBVA la entrega al Juzgado de los listados diferenciados por productos financieros, en fichero electrónico "excel" o compatible, que contengan los datos personales (nombre y apellidos, DNI, dirección postal actualizada, y núms. de teléfono, fax y correo electrónico, si estuvieren disponibles), de los clientes personas físicas que, en toda España y desde el año 2007 a octubre de 2010, hubieran contratado con dicha entidad bancaria productos financieros con la denominación comercial de "contrato cuota segura" y "contrato marco para la cobertura de operaciones financieras" o similares, o cualquier otro tipo de productos de permuta financiera de tipos de interés, cualquiera que sea su denominación comercial, que tengan por objeto cubrir el riesgo de subidas de interés asociado a un préstamo o crédito con o sin garantía hipotecaria, concertado a interés variable, mediante la contratación de un derivado financiero. Todo ello, con la finalidad de ponerlos a disposición de la asociación ADICAE, a los efectos de interponer futuras acciones en defensa de los intereses colectivos de consumidores y usuarios, con fundamento en la existencia de presuntas cláusulas abusivas en los contratos de suscripción de tales productos financieros.

Asimismo, se aduce por la recurrente en amparo que el Auto impugnado vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por incurrir en incongruencia extra petitum, al extender, según la entidad demandante, el requerimiento de entrega de datos a otros productos financieros no contemplados en la solicitud de diligencias preliminares de ADICAE.

Tanto la representación procesal de la asociación ADICAE, como el Ministerio Fiscal, interesan la denegación del amparo solicitado, en los términos que han quedado relatados en los antecedentes de la presente Sentencia. Así, la asociación ADICAE y el Ministerio Fiscal coinciden en alegar la falta de legitimación activa de la entidad demandante de amparo, en cuanto acude a este proceso constitucional como defensora de derechos fundamentales de terceros, sus clientes; además, el Ministerio Fiscal considera incumplido el requisito del art. 44.1 c) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), por invocación tardía en la vía judicial de los derechos fundamentales que se alegan como vulnerados en la demanda de amparo; y la asociación ADICAE aduce a su vez la carencia de especial trascendencia constitucional del presente recurso de amparo [art. 50.1 b) LOTC]. En consecuencia, interesan que se inadmita o, subsidiariamente, que se desestime el recurso de amparo.

Publicada en «ACTUALIDAD DIARIA paraprofesionales del Derecho» de 20-06-2012