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La etiqueta privada neerlandesa EKO se concede a los productos que contengan al menos un 95 % de ingredientes procedentes de la agricultura ecológica. Está gestionada por una fundación de Derecho civil neerlandesa, cuyo objetivo es favorecer la agricultura ecológica. La etiqueta MAX HAVELAAR es también una etiqueta privada gestionada por una fundación de Derecho civil neerlandesa, con arreglo a las normas adoptadas por una organización internacional de referencia, la Fairtraide Labelling Organisation. Esta etiqueta se utiliza en varios países, entre ellos los Países Bajos. Tiene por objeto favorecer la comercialización de los productos procedentes del comercio justo, y certifica que los productos a los que se concede se compran a organizaciones constituidas por pequeños productores de países en desarrollo a un precio y condiciones justos.
En agosto de 2008, la provincia de Holanda Septentrional (Países Bajos) publicó un anuncio de licitación pública para el suministro y mantenimiento de máquinas expendedoras de café. Dicho anunció destacaba la importancia concedida por la provincia a la utilización cada vez mayor de productos ecológicos y procedentes del comercio justo en las máquinas expendedoras de café. Además, se indicaba que «la provincia de Holanda Septentrional utiliza para el consumo de café y té las etiquetas MAX HAVELAAR y EKO» y que los ingredientes distintos del café o el té, como la leche, el azúcar y el cacao, debían, cuando fuera posible, cumplir los criterios de esas dos etiquetas. Poco después, se precisó en una nota informativa que se aceptarían también otras etiquetas «siempre que los criterios sean comparables o idénticos».
Basándose en estos datos, la Comisión Europea interpuso un recurso por incumplimiento contra los Países Bajos, alegando una infracción de la Directiva sobre adjudicación de contratos públicos. La Comisión reprocha a la provincia, en particular, que prescribiera en las especificaciones técnicas (que determinan el objeto del contrato) las etiquetas EKO y MAX HAVELAAR, o al menos etiquetas basadas en criterios comparables o idénticos en lo que respecta al café y al té que debían suministrarse.
A este respecto, el Tribunal de Justicia recuerda que las especificaciones técnicas pueden formularse en términos de rendimiento o de exigencias funcionales, que pueden incluir características medioambientales. La etiqueta EKO, en la medida en que se basa en características medioambientales y cumple los requisitos establecidos en la Directiva, constituye una «etiqueta ecológica» en el sentido de ésta. Sin embargo, al exigir que algunos productos que debían suministrarse estuvieran provistos de una etiqueta ecológica determinada, en lugar de utilizar las especificaciones detalladas definidas por dicha etiqueta ecológica, la provincia de Holanda Septentrional formuló una especificación técnica incompatible con la Directiva. En lo que se refiere al requisito relativo a la etiqueta MAX HAVELAAR, el Tribunal de Justicia afirma que, debido a su objeto, no constituye una especificación técnica, sino una condición de ejecución del contrato. En consecuencia, desestima la imputación de la Comisión a este respecto, sin examinar si dicha condición se formuló de manera conforme a la Directiva.
Además, la Comisión critica que la provincia estableciera un criterio de adjudicación (que sirve para determinar la oferta económicamente más ventajosa desde el punto de vista del poder adjudicador) consistente en que los ingredientes distintos del café y el té que se suministraran estuvieran provistos de las etiquetas EKO o MAX HAVELAAR. A este respecto, el Tribunal de Justicia señala que la Directiva admite que los poderes adjudicadores pueden elegir criterios de adjudicación basados en consideraciones de tipo social y medioambiental. En cuanto a las consideraciones de carácter social, pueden referirse a los usuarios o a los beneficiarios de las obras, suministros o servicios objeto del contrato, pero también a otras personas. Además, de la redacción del criterio de adjudicación controvertido resulta que éste sólo se refería a los ingredientes que se suministraran, sin ninguna implicación con respecto a la política general de compras de los licitadores. Por consiguiente, ese criterio se refería a productos cuyo suministro constituía una parte del objeto de dicho contrato. Por tanto, nada se opone, en principio, a que dicho criterio de adjudicación se refiera al hecho de que un producto proceda del comercio justo.
En lo que respecta al modo en que tales criterios de adjudicación pueden formularse, el Tribunal de Justicia considera que las normas de la Directiva relativas a la utilización de una etiqueta ecológica en el marco de la formulación de una especificación técnica constituyen una indicación pertinente. Recuerda que el legislador de la Unión autorizó a los poderes adjudicadores a recurrir a los criterios en que se basa una etiqueta ecológica para establecer determinadas características de un producto. Sin embargo, no autorizó a establecer una etiqueta ecológica como especificación técnica. La etiqueta sólo puede utilizarse como presunción de que los productos que disponen de ella reúnen las características así definidas, sin perjuicio de cualquier otro medio de prueba adecuado. Al conceder a determinados productos provistos de etiquetas determinadas un determinado número de puntos en el marco de la selección de la oferta económicamente más ventajosa, en lugar de haber indicado los criterios en que se basan esas etiquetas y autorizado que se presentara a través de cualquier otro medio adecuado la prueba de que un producto reunía esos criterios, la provincia formuló un criterio de adjudicación incompatible con la Directiva.
Por último, la Comisión alega que el requisito de que el adjudicatario «reúna los criterios de sostenibilidad de las compras» y de «responsabilidad social corporativa» es contrario a la Directiva. El Tribunal de Justicia considera que, al formular esos requisitos en el pliego de condiciones, la provincia de Holanda Septentrional estableció un nivel mínimo de capacidad técnica no autorizado.
El Tribunal de Justicia declara, además, que el principio de transparencia entraña que todos los requisitos y modalidades del procedimiento de adjudicación se formulen de manera clara, precisa y unívoca, en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones. Ello permite, por una parte, que todos los licitadores razonablemente informados y normalmente diligentes puedan comprender su alcance exacto e interpretarlos de la misma forma y, por otra parte, que la entidad adjudicadora pueda comprobar efectivamente si las ofertas de los licitadores responden a los criterios que rigen el contrato de que se trata. Pues bien, el Tribunal de Justicia señala que requisitos relativos al respeto de los «criterios de sostenibilidad de las compras y de responsabilidad social corporativa» y a la obligación de «contribuir a mejorar la sostenibilidad del mercado del café y a una producción de café responsable desde el punto de vista ecológico, social y económico» no presentan el grado necesario de claridad, precisión y univocidad.
En consecuencia, el Tribunal de Justicia declara que los Países Bajos han incumplido las obligaciones que les incumben en virtud de la Directiva sobre adjudicación de contratos públicos.
NOTA: El recurso por incumplimiento, dirigido contra un Estado miembro que ha incumplido sus obligaciones derivadas del Derecho de la Unión, puede ser interpuesto por la Comisión o por otro Estado miembro. Si el Tribunal de Justicia declara que existe incumplimiento, el Estado miembro de que se trate debe ajustarse a lo dispuesto en la sentencia con la mayor brevedad posible. Si la Comisión considera que el Estado miembro ha incumplido la sentencia, puede interponer un nuevo recurso solicitando que se le impongan sanciones pecuniarias. No obstante, en caso de que no se hayan comunicado a la Comisión las medidas tomadas para la adaptación del Derecho interno a una directiva, el Tribunal de Justicia, a propuesta de la Comisión, podrá imponer sanciones en la primera sentencia.
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