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Dª Angustia , ciudadana de origen colombiano nacionalizada española, presentó, ante la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, una solicitud de residencia temporal por reagrupación familiar a favor de su madre, Dª Esperanza .
Dicha solicitud fue estimada por resolución del Subdelegado del Gobierno de Burgos de 30 de septiembre de 2008, por la que se concedió la autorización solicitada. En esta resolución se indicaba que en el plazo de dos meses a contar desde la notificación al reagrupante de esta resolución, que tuvo lugar el 6 de noviembre de 2008, el familiar que vaya a ser reagrupado deberá solicitar personalmente el visado en la Misión Diplomática u Oficina Consular en cuya demarcación resida.
Dª Esperanza presentó ante el Consulado de España en Bogotá una solicitud de visado Schengen individual para reagrupación familiar. Junto con dicha solicitud se aportó pasaporte y documentación de la solicitante, el respectivo certificado judicial con su correspondiente apostilla y el pertinente certificado médico. Se adjuntaron, de igual modo, certificado de nacimiento de su hija, el carné de identidad español de ésta así como los diversos documentos de remesas enviadas por Dª Angustia , remesas a las que se hace expresa mención en el Fundamento Jurídico Cuarto de la sentencia recurrida.
Consta en el expediente administrativo que el 22 de diciembre de 2008 el Consulado General de España en Bogotá dicta resolución denegando el visado de reagrupación familiar solicitado por Dª Esperanza de acuerdo con lo establecido en los artículos 39, y /o 43, apartado 4 del Real Decreto 2393/2004 de 30 de diciembre , por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración Social, por los siguientes motivos: "Insuficiente acreditación de la dependencia económica". "Inexistencia de razones que justifiquen la necesidad de reagrupación."
Contra esta resolución Dª Esperanza formuló recurso de reposición alegando la infracción del art. 71 de la Ley 30/92 por no haber requerido a la interesada para subsanar la falta o la aportación de los documentos preceptivos, solicitando la nulidad de la resolución recurrida y dictando otra para subsanar o aportar en el plazo de diez días lo procedente, y subsidiariamente tener por subsanados los requisitos exigidos y acreditados los extremos requeridos. En su escrito de recurso alegó que las cantidades remitidas por su hija cubrían su alimentación, medicación y coste de facturas más necesarias, que es viuda y en breve la vivienda en la que residía pasaría a ser propiedad de sus hijos y se vería en la calle tras la liquidación de la herencia. Afirmó que carece de ingresos propios y que por su enfermedad tampoco puede desarrollar trabajo alguno, dependiendo de su hija y reagrupante, quien ha mejorado actualmente su situación laboral, pero que tras haber padecido una situación de violencia de género, tiene encomendada la guarda y custodia de su hija menor a quien la reagrupada podría atender, constituyendo por ello un auxilio fundamental para su hija Dª Angustia .
El Supremo desestima el recurso[TS] [Contencioso-Advo]
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