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Un banco checo, el Hypoteční banka, y el Sr. Lindner, de nacionalidad alemana, celebraron un contrato de préstamo hipotecario para financiar la adquisición de un bien inmueble. En la fecha de celebración del contrato, el Sr. Lindner estaba domiciliado en Mariánské Láznĕ (República checa). Según lo estipulado en el contrato, el Sr. Lindner se comprometió a informar al banco de todo cambio de domicilio. Asimismo, el contrato determinaba, a efectos de eventuales controversias, la competencia general del órgano jurisdiccional correspondiente al banco, determinado según el domicilio social de éste.
El banco se dirigió al Okresní soud v Chebu (Tribunal de Distrito de Cheb, República Checa) a efectos de requerir al Sr. Lindner para que pagase la cantidad de 4.383.584,60 CZK (aproximadamente 175.214 euros), más los intereses de demora, correspondiente a cuotas impagadas del préstamo. Dicho órgano jurisdiccional constató que el Sr. Lindner ya no residía en la dirección indicada en el contrato y no consiguió averiguar su domicilio en la República Checa. En este contexto, el órgano jurisdiccional checo ha dirigido al Tribunal de Justicia para solicitarle que interprete el Reglamento sobre competencia judicial y preguntarle, en concreto, si éste se opone a una disposición de Derecho interno de un Estado miembro que permite tramitar un procedimiento contra personas sin domicilio conocido.
En su sentencia dictada a fecha de hoy, el Tribunal de Justicia observa, en primer lugar, que el Reglamento no define expresamente la competencia judicial en caso de que se desconozca el domicilio del demandado.
Seguidamente, el Tribunal de Justicia recuerda que, según el Reglamento, las acciones entabladas contra el consumidor por la otra parte contratante deben interponerse ante los tribunales del Estado miembro en que esté domiciliado el consumidor.
Ahora bien, si el juez nacional no logra averiguar el domicilio del consumidor en el territorio nacional, debe verificar si está domiciliado en otro Estado miembro de la Unión Europea. Si el juez nacional, por un lado, no puede averiguar el domicilio del consumidor en el territorio de la Unión y, por otro, no dispone de indicios probatorios que le permitan llegar a la conclusión de que el consumidor está efectivamente domiciliado fuera de la Unión, la regla según la cual, en caso de controversia, son competentes los tribunales del Estado miembro en el que se encuentre el domicilio del consumidor ha de entenderse en el sentido de que no sólo se refiere al domicilio actual del consumidor, sino también a su último domicilio conocido.
En efecto, dicha interpretación del Reglamento permite al mismo tiempo al demandante determinar fácilmente el órgano jurisdiccional ante el cual puede ejercitar su acción, y al demandado prever razonablemente ante qué órgano jurisdiccional puede ser demandado. Asimismo, cuando sea imposible localizar el domicilio actual del demandado, tal interpretación permite evitar que no se pueda determinar el órgano jurisdiccional competente, lo cual privaría al demandante de su derecho a la tutela judicial. Además, dicha solución garantiza un justo equilibrio entre los derechos del demandante y del demandado, habida cuenta de que éste último tenía la obligación de informar al primero de todo cambio de domicilio posterior a la firma del contrato de préstamo inmobiliario de larga duración.
Por consiguiente, el Tribunal de Justicia declara que los órganos jurisdiccionales checos son competentes para conocer de la demanda interpuesta por el banco contra el Sr. Lindner en la medida en que les resulte imposible localizar su domicilio actual.
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