Tras la declaración del estado de alarma y subsiguiente militarización de los controladores aéreos, resulta conveniente verificar, sin ánimo de sentar cátedra, algunas precisiones:
a) Contemplan el estado de alarma el artículo 116 de la Constitución y la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, que lo desarrolla, concretamente en sus artículos 4 a 12. El artículo 117.5 de la norma suprema ciñe la jurisdicción militar al ámbito estrictamente castrense y a los supuestos de estado de sitio.
b) El artículo 4.c de esa Ley determina que el Gobierno podrá declarar dicho estado en los casos de paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución, y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo. Esa remisión lo es a, entre otros, un concepto jurídico indeterminado ("calamidades") que el legislador acompañó a una enumeración "ad exemplum" ("tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud").
c) Por su parte, el artículo 12.Dos de la Ley Orgánica 4/1981 establece que el Gobierno podrá acordar, en el supuesto antes indicado, la intervención de empresas o servicios, así como la movilización de su personal, con el fin de asegurar su funcionamiento, siendo de aplicación al personal movilizado la normativa vigente sobre movilización.
d) Esa remisión lo es a un vacío legal, toda vez que que la Ley 50/1969, Básica de Movilización Nacional, de 26 de abril de 1969, ya rebajada a rango reglamentario por la Ley 17/1999, ha sido derogada por la Ley 39/2007, de la Carrera Militar.
e) El artículo 8.5 del Código Penal Militar dispone que a efectos de la posible aplicación de ese Código serán militares "los que con cualquier asimilación militar presten servicios al ser movilizados o militarizados por decisión del Gobierno". De similar tenor es el artículo 3 de la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario.
f) La Ley de Expropiación Forzosa, en su artículo 101, contempla la posibilidad de que las autoridades militares, en los casos de movilización, puedan, previa requisa, utilizar, entre otros medios, prestaciones personales.
y g) La Ley de Navegación Aérea de 1960, prevé en su artículo 44 que los aeropuertos, a efectos de movilización, dependerán de la Jefatura Militar Aérea en cuya demarcación se encuentren.
Este es, a grandes trazos, el régimen jurídico a tener en cuenta. Las conclusiones que de él derivan son las siguientes:
-A pesar de las dudas que ofrece la redacción del artículo 4 de la Ley Orgánica 4/1981, parece que el Gobierno tenía cobertura para declarar el estado de alarma, ante una gravísima afectación al interés nacional, consecuencia del abandono masivo del servicio por los controladores civiles. La doctrina (FERNÁNDEZ SEGADO, BRU PERAL...) lo ha considerado factible en los supuestos de conflictividad político-social. Por otra parte, es llano, a la vista del artículo 12 de la Ley, que cabe movilizar en estado de alarma. En contra de lo que algunos han sugerido (por todos, CRUZ VILLALÓN), no sólo en estado de sitio es posible extender la intervención de la jurisdicción militar, pues "ámbito estrictamente castrense" incluye a todos aquellos que adquieran la condición de militar, sea en estado de alarma, de excepción o de sitio.
-Harina de otro costal es la cuestión de la militarización, respecto de la que existe, como se ha apuntado, un inquietante vacío legal. Que pueda colmarse con la Ley de Expropiación Forzosa, la Ley de Navegación Aérea, el Código Penal Militar y la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario para las Fuerzas Armadas, se antoja cuando menos arriesgado. ¿Que asimilación a empleo militar se otorga a los militarizados?¿quienes son sus superiores jerárquicos? Al respecto, quien suscribe estas lineas ya formuló una reflexión en "Actualidad Jurídica Aranzadi" núm.603 (punto IV del artículo "A vueltas con el artículo 155 de la Constitución. Su relación con los estados excepcionales", 11 de diciembre de 2003), que esta Revista reprodujo en su número 5. Urge elaborar una nueva Ley de Movilización Nacional.
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