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TODO RENTA 2021 | MEMENTO IRPF 2021 Descuento y entrega en mano 24 h. gratis |
Autor(es) EFL
, ISBN:9788419573360.
Editorial Francis Lefebvre
160 páginas, 1ª edición,
En distribución desde mayo 2023,
Precio:
52,00€ descuento 5%
Oferta:  49,40€ (iva incluido)
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La L 2/2023 introduce la obligación de disponer de canales internos de
denuncia a las empresas de 50 o más empleados, así como a todas las
Administraciones Públicas, estatal, autonómicas y locales y a todas las
entidades del sector público.
Esta obligación es exigible antes del 13-6-2023. En el caso de que no tengan
implementado este canal interno de denuncias sujeto a la L 2/2023 a dicha fecha
-antes del 1-12-2023 para empresas de menos de 250 trabajadores y municipios de
menos de 10.000 habitantes- podrán ser objeto de sanción administrativa.
A través de estos canales internos se pueden notificar la comisión de delitos
así como infracciones administrativas graves o muy graves en cualquier ámbito
administrativo (deporte, vivienda, urbanismo, tráfico, consumo, etc), así como
infracciones del Derecho de la Unión Europea que incidan en el mercado interior,
incluidas las infracciones en materia de competencia, ayudas de Estado,
contratación pública, protección del medio ambiente, seguridad de los productos,
seguridad del transporte, salud pública etc.
La obra analiza la L 2/2023, con la técnica propia EFL, contextualizando su
aplicación no sólo con la Directiva (UE) 2019/1937, sino con la normativa de las
Comunidades Autónomas, que habían regulado con carácter previo esta cuestión y
que ahora ha de convivir con la nueva regulación estatal que ha desplazado
aquellos aspectos en los que se contradice esta última.
Asimismo, se incluye la normativa sectorial estatal que contempla canales
específicos de denuncia internos y externos, en sectores como los mercados de
valores, entidades de crédito, prevención del blanqueo de capitales, o
competencia y que han de coexistir con los canales introducidos por la L 2/2023
como obligatorios.
La obra incluye los requisitos que han de reunir los departamentos o personas
responsables del sistema interno de información para estar homologados con
arreglo a la L 2/2023, así como el régimen jurídico de protección de los
informantes contra las represalias que hayan podido sufrir de las organizaciones
para las que presente servicios como empleados, funcionarios, voluntarios,
becarios, proveedores, así como para sus familiares y allegados.
Se analiza el régimen jurídico de la nueva Autoridad Independiente de Protección
del Informante, A.A.I., que ha de servir como canal de denuncias externo y que
habrá de convivir con las autoridades autonómicas, así como con las competencias
ejercidas en los ámbitos sectoriales específicos, por la CNMV, Banco de España,
SEPBLAC, o la CNMC. También se incluye el canal IGAE para fraudes o
irregularidades de fondos europeos a través del Servicio Nacional de
Coordinación Antifraude (SNCA).
De interés para los profesionales del Derecho: se introduce la inversión de la
carga de la prueba, de forma que, en los procedimientos relativos a los
perjuicios sufridos por los informantes, una vez que éste haya demostrado
razonablemente que ha denunciado de conformidad con la L 2/2023 y que ha sufrido
un perjuicio, se presumirá que el perjuicio se produjo como represalia por
informar. En tales casos, corresponde a la persona que haya tomado la medida
probar que se basó en motivos debidamente justificados no vinculados a la
denuncia.
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